‘Nueva emergencia en Concordia’, columna La Montaña, de Oscar Loza

 

Por Oscar Loza Ochoa

Que no nos alcance el olvido.

Alfredo Arroyo

Los vecinos de Concordia nos llaman angustiados por una nueva emergencia. Siete familias de Pánuco tenían hasta el día 29 de mayo para abandonar su querido pueblo. Las amenazas eran en serio. No se puede pensar otra cosa si el martes 22 cuatro vecinos fueron asesinados y el 29 moría en el hospital uno de los heridos. Sus familiares buscaron ayuda con las autoridades municipales y hasta con el Ejército. Les urgía poner a salvo a esas sufridas familias.

La presidencia municipal de Concordia envió dos patrullas y tres policías. Las familias amenazadas no quisieron trasladarse con ellos. La confianza en las fuerzas municipales no anda en buenos caballos y sólo les mandan tres elementos. Con el Jesús en la boca permanecieron en sus hogares, a la espera de una buena noticia desde fuera, porque ni modo de acudir por la ayuda de la autoridad de la comunidad, porque el síndico municipal es uno de los jefes de familia amenazados.

La partida militar con destacamento en Concordia acudió a la desesperada solicitud de familiares, que con lágrimas en los ojos miraban correr al sol ese día 29 más de prisa que de costumbre. También tocaron a las puertas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Luego de escuchar los pormenores, nos comprometimos a elaborar una Medida Cautelar, para que las autoridades estatales, el Congreso del Estado, la Fiscalía General y el Ayuntamiento de Concordia, tomen las providencias que el caso reclama.

Nuestra Medida Cautelar plantea lo siguiente: que en primer lugar se rescate a las siete familias y sean trasladadas a un lugar donde se les brinde la seguridad y protección que establecen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y la Ley de Atención y Protección a Víctimas. Como segunda medida proponemos que las autoridades estatales y municipales realicen las acciones necesarias para que se garantice el respeto a los derechos humanos de todos los vecinos de la sierra de Concordia, en especial en la zona de conflicto. Y como tercera medida, se elabore y ejecute un programa de atención a los desplazados y las zonas expulsoras, esto como tarea del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

La situación que estamos comentando es muy preocupante. No lo estamos señalando hasta ahora. No estuvimos de acuerdo, en su momento, en que la autoridad convocara al regreso de los desplazados a La Petaca, Los Chirimoyos, Santa Lucía, Pánuco, el Zapote de la Noria y otras comunidades. Nos parecía y nos parece una irresponsabilidad hacerlo, por los riesgos que se corren y que el tiempo ha probado, desafortunadamente, que teníamos razón.

Mientras estas urgencias corren, 350 familias de desplazados que viven en Mazatlán siguen demandando créditos para vivienda. Hace unos días el subsecretario estatal de Sedesol se reunió con ellas y tenemos conocimiento que en estos días volverá personal de la Secretaría para dar seguimiento a la solicitud. Ojalá se otorguen créditos a esas familias desplazadas que no tienen proyectado en un futuro próximo el regreso a sus comunidades de origen. No mientras su añorada sierra siga siendo campo de disputa entre bandas criminales.

En el tema de las desapariciones forzadas y feminicidios, otra arista de la crisis humanitaria que padecemos, el 6 de junio próximo nos sitúa frente a un hecho que nos partió el corazón y que por muchos meses nos impuso la tarea de buscar a Dayana, la niña de San Pedro. Ese día será el I aniversario de su desaparición y seguramente de su fallecimiento. Cuando se encontraron sus restos, sentimos que ya no éramos los mismos como ciudadanos y que una gran deuda se quedaba entre nosotros frente a su memoria, por muchas razones: no fuimos capaces de rescatarla con vida, el trabajo de la autoridad y el de la sociedad civil no fue tan efectivo como lo demandaba el caso, ni siquiera por el fracaso sufrido en su búsqueda ha llevado a la autoridad a fortalecer las fiscalías especializadas en casos de mujeres desaparecidas y a la compra de perros especializados en el rastreo de personas con vida. Todavía más, ni siquiera el presunto responsable ha comparecido ante un juez. Está prófugo.

El 6 de junio no puede pasar como una fecha más, sin decir algo sobre la materia de desapariciones forzadas y sin comprometernos en mejorar el trabajo de las búsquedas de personas ausentes. Algunas tareas esperan la acción de la autoridad para crear el Consejo estatal de búsquedas, la actualización de la legislación sobre desapariciones forzadas y las propuestas mencionadas arriba. Junio tiene otra fecha ligada a la desaparición forzada de personas, el día 30: el Caso Las Quintas, que cumplirá 22 años. No estaría mal que el próximo día 6 iniciemos la promoción de un Encuentro Estatal de familiares con desaparecidos para el día del aniversario de la desaparición de Juan Emerio, Abraham y Jorge. La opinión y la voluntad de los familiares será determinante en esta valiosa tarea. Vale.

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