‘Los tropiezos de la seguridad’, columna La Montaña, de Óscar Loza Ochoa

Por Oscar Loza Ochoa

Cuando tan torpe la razón se halla, 

mejor habla, señor, quien mejor calla.

Pedro Calderón de la Barca

Semáforo Delictivo nos está diciendo que Sinaloa ha pasado del color rojo al color amarillo, por primera vez en 18 meses. Lo reitera su jefe, el buen amigo Javier Llausás. Él ha comentado recientemente que en los últimos meses los números de la violencia han retrocedido en nuestro estado, lo que debe ser interpretado como logros en materia de seguridad. Remata afirmando que “para seguir mejorando necesitamos tener una de las mejores policías de México.” Lo que nadie pone en duda.

Más allá de los números que registra Semáforo Delictivo, debemos estar ciertos que las cifras alegres de unos meses no hacen verdadera tendencia histórica. Todos queremos que  los esfuerzos que se llevan a cabo para modificar la curva de la violencia y el delito, den resultados, y que la comisión de delitos sea declinante por años, porque allí si hablaríamos de una tendencia que modifica el perfil de conducta sinaloense. Pero mientras la aplicación de políticas públicas y los ruegos que hacemos a toda la corte celestial, no orienten las cosas en otra dirección, debemos ser cautos.

Los números de Semáforo Delictivo, son un buen referente, sin duda; pero hay atrás de ellos algunos fenómenos, que por graves no deben quedar ocultos en unas cifras o declaraciones de que “avanzamos”, sin más. Lo señalo porque hay un caso de violencia que mal dibuja las acciones de la autoridad en materia de seguridad. Me refiero al marco que rodea al homicidio de un ciudadano de Culiacán el pasado día 31 de enero. El delito fue grabado por las cámaras del sector en tiempo real, hecho que inexplicablemente pasó desapercibido por el Centro de control, llamado C4.

Llama la atención que Cristóbal Castañeda Camarillo, subsecretario de seguridad pública del estado, justifique la llegada tarde de las policías a la llamada ciudadana que se hizo siete minutos después del primer atentado. Está claro que si hubiera una buena administración del sistema de cámaras en la vía pública, las llamadas de ciudadanos sólo serían complemento para registrar los hechos y atenderlos en tiempo y forma.

Hay otra información que proporciona la autoridad que no convence: a escasos 100 metros del crimen hay una caseta de la Policía municipal, a la que están adscritos elementos de la corporación. Sólo había un agente. Los otros, nos dicen, realizaban rondines en ese momento. La pregunta lógica es, ¿rondines en qué lugar? Porque de nuevo la lógica nos indica que esa labor debe ser en las inmediaciones de la caseta. No sería muy racional que fuera en otra zona. Pero errores administrativos aparte, ¿cuál fue la reacción del policía de guardia? El sonido de los disparos seguramente se escuchó hasta la caseta. Los civiles, que no tenemos educado el oído, podemos confundir cohetes con disparos. Un policía no. ¿Cuál fue la reacción del policía de guardia al escuchar los disparos? El subsecretario de seguridad nos dice está para cuidar la caseta. ¿No llegaron sus alcances para reportar, sino el hecho, al menos los disparos? Fueron tres acciones homicidas contra la misma víctima y por espacio de varios minutos. La sociedad tiene derecho a saber dónde estaba la patrulla adscrita a esa caseta en el momento de los hechos y qué hizo el agente de guardia.

Nos provoca decepción que el sistema de cámaras no esté ayudando a promover una ciudad más segura. Sentimos indignación saber que hay ceguera en C4 y que se registran imágenes sólo para conocer historias a toro pasado. ¿Qué hacen los mandos en materia de seguridad para rendirnos otras cuentas? Los presupuestos para seguridad son los más altos de la historia como para seguir viendo fracasos como el mencionado. Dos datos: En cinco años del gobierno de Malóva se erogaron 923 millones 800 mil pesos para contratar un sistema integral de enlace y monitoreo de seguridad. La  administración de Quirino Ordaz nos informó que dicho sistema era un desastre. Ahora se anuncia una inversión de mil 500 millones en materia de seguridad. Buena parte en la compra de nuevas cámaras. ¿Cuál es la garantía de que esa inversión cambie los términos en el atormentado terreno de la seguridad?

Es tiempo de que la sociedad empiece a medir la relación que existe entre la inversión que se hace y los resultados que se obtienen. Urge hacerlo, porque a la seguridad se destinan recursos crecientes, sin que haya los resultados que se demandan. También es hora de reflexionar sobre el valor de prevenir conductas antisociales en lugar de privilegiar la represión. Hasta hemos distraído dinero que debió aplicarse en educación, por atender el renglón de la seguridad. La magnitud de vidas perdidas por la violencia (incluida la oficial) es una herida muy grande y dolorosa como para no hacer un alto y un recuento de los daños. Y que esto lleve a forjar una sociedad más segura en el marco de un Estado de derecho democrático. Vale.

www.oscarloza.com

[email protected]

Twitter @Oscar_Loza