‘Estado de Derecho y paz’, columna La Montaña, de Óscar Loza

Por Oscar Loza Ochoa
Hay tierras donde llegar implica mil renuncias,
jugarse el destino.
René Valdés
Sinaloa, como México, vive una crisis humanitaria. Lo hemos dicho no pocas veces, se ha urgido a resolver algunos problemas centrales que alivien la situación crítica, pero no se hace nada al respecto. Esa situación no sólo es triste, es preocupante porque puede llegar a ser explosiva socialmente. Si la paz es el camino, como dijera Gandhi, el Estado de derecho es el marco legal obligado para caminar esa difícil senda. Es el marco obligado para todos, incluidas en primer lugar las Instituciones.
No por frecuente es menos doloroso imponerse con la información de la desaparición de jóvenes de ambos sexos. Abro la prensa de ayer y me encuentro que Jorge Ricardo Díaz Montalvo es levantado por un grupo armado cuando estaba de visita con su novia, “el Koki” es un apasionado de la música, un joven tranquilo como muchos; ocurro al face y me encuentro con que el grupo Sabuesos documenta la desaparición de la niña María Guadalupe Briones Espinoza el pasado 18 del presente mes, nos deja estupefactos saber que se la llevan del frente de su casa y no hay rastro alguno.
Apenas la semana pasada registramos el caso de otra menor de edad que desapareció al salir de su trabajo. Pero en su caso la historia tiene un final distinto. Días después logró hacer llegar a su familia algunos datos que permitían ubicar el lugar dónde se encontraba. La policía y la Fiscalía hicieron un exitoso trabajo. Ella está en casa. Mientras tanto pensamos en el loable trabajo de los familiares que buscan a sus desaparecidos, lo hacen de manera heroica a pesar de la acumulación infatigable de casos. Reconozcamos ese hermoso trabajo, pero como sociedad no podemos callar la magnitud que este fenómeno ha cobrado y el daño incalculable que ha hecho a la humanidad.
Insistamos en la necesidad de que se elabore una política pública que busque detener esta inhumana práctica. No hay otro camino. Pero no podemos seguir justificando que no se hace más porque no hay presupuesto suficiente para ello. En primer lugar se carece de la voluntad para iniciar esa tarea urgente y, por otro lado, sí es necesario allegar recursos a ese trabajo, sin olvidar que en la práctica de la desaparición de personas hay complicidad de autoridades (por acción u omisión) o participación directa. No todo es asunto de recursos, también lo es de esa voluntad de la que hablábamos anteriormente, de enfrentar dentro y fuera de la “casa” todo lo que implica la desaparición forzada de personas.
Para mejorar el trabajo en las investigaciones, hemos insistido mucho después del Caso Dayana, la niña de San Pedro, en que se adquieran perros entrenados en la búsqueda en vida de personas desaparecidas o extraviadas. Tan útiles que nos serían en una situación como la de María Guadalupe, esa menor de 12 años de El Palmito. Pero en la Fiscalía y en el Gobierno del estado hay sordera y menosprecio por las propuestas que hacemos desde la sociedad civil. Y el costo social, ante el florecimiento de esas “virtudes”, es mucho mayor que el que nos imaginamos.
Tres eventos violentos a partir de la acción de la autoridad federal se han dado en el municipio de Culiacán, que no dejan lugar a dudas sobre la suspensión de garantías o de derechos humanos en el lugar donde actuaron. Dos casos han sido sobradamente documentados en los medios y en las redes sociales: el de la Limita de Itaje y el de la colonia Heraclio Bernal. Hay uno más que no ha trascendido grandemente: una boda en Pueblos Unidos. En los tres se rodeó el lugar del evento y no se permitió la salida ni la entrada de civiles. En dos hubo allanamiento de los recintos, en uno la pérdida de cuatro vidas y en los tres la retención, por espacio de varias horas, de un alto número de personas. Ya se ha documentado la presencia de niños, mujeres y adultos mayores entre los retenidos.
Dos reacciones se esperan después de este tipo de hechos: la de la autoridad política (la del Gobernador Quirino) que no puede callar ni cruzarse de brazos, aunque la presencia continuada del Ejército y la Marina fue a invitación expresa de él. Más obligado aún a sacar cuentas al respecto. También consideramos que la CNDH debe expresarse con una buena investigación y su resultado: una puntual Recomendación sobre estos acontecimientos. Hay otras reacciones esperadas y que lamentablemente no se dan: ¿dónde están los colegios de abogados exigiendo el respeto a la legalidad y al Estado de derecho? ¿Dónde está el Poder legislativo reclamando el respeto al Pacto federal?
Al parecer no estamos molestando mucho las neuronas y a lo mejor creemos que todo ello lo aguantarán los ciudadanos, sin más. Pero sucedieron cosas que obligan a otro trato. Hubo pérdidas de vidas. Y nos pueden decir que eran presuntos delincuentes y no entraremos ahora en ponerlo en duda, pero sí que la obligación es detenerlos y presentarlos ante las autoridades correspondientes; hubo suspensión de derechos humanos en un punto geográfico y por espacio de varias horas, sin contemplar lo que establecen las leyes al respecto: aún las recientes y muy cuestionadas. Por el bien y la paz que tanto necesita este país, hagamos un alto y busquemos en el respeto al Estado de derecho la solución a estos graves problemas. Vale.
Twitter @Oscar_Loza