La CNDH denuncia opacidad en la asignación de publicidad oficial en Sinaloa

El Gobernador Qurino Ordaz Coppel realiza una entrega de patrullas/ Gobierno de Sinaloa

Por Rabia y Tinta

La contratación y asignación de publicidad oficial que realiza el Gobierno del Estado de Sinaloa no es objetiva ni transparente, concluye la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un informe especial que presentó este miércoles el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

En el documento se señala que el nivel de opacidad detectado a nivel nacional por el organismo sugiere que las prácticas arbitrarias en la asignación y contratación de publicidad oficial en los Estados se relacionan con su uso como “premio o castigo” a medios de comunicación por parte de diversas autoridades, lo que lacera profundamente el tejido social.

La CNDH solicitó información a los secretarios generales de Gobierno de las 32 entidades federativas sobre la asignación y contratación de publicidad oficial. Los resultados, que se recopilan en el informe, serán entregados al Congreso de la Unión a fin de que sean tomados en cuenta en la elaboración de la ley que debe estar lista a más tardar el 30 de abril.

En el caso específico de Sinaloa, la Comisión encontró que no hay claridad respecto a los métodos de contratación. Los lineamientos emitidos, como el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles, no establecen qué elementos o condiciones se analizan para determinar la selección de medios objeto de contratación y asignación de publicidad oficial.

La Coordinación de Comunicación Social informó a la CNDH mediante un comunicado que a través de la Dirección de Análisis e Imagen, se monitorea y evalúa de manera diaria todas las comunicaciones informativas y de difusión con el objetivo de verificar la publicación del pautado, así como la medición de audiencia e impactos por medio informativo.

Sin embargo, la CNDH precisa que en su respuesta el Gobierno de Sinaloa no precisa los instrumentos, herramientas o medios empleados para medir la audiencia e impacto del medio informativo a los que hace referencia.

Tras una consulta al portal de obligaciones de Transparencia del Gobierno estatal realizado por la CNDH se advierte que en el apartado de Obligaciones comunes, referente a “montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por fecha, tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña” no se precisa el nombre y tema de la campaña, modalidad de contratación (licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa), objeto del contrato ni nombre de proveedores.

“Tampoco se localizó un programa anual de Comunicación Social. Cabe señalar que, si bien es cierto que en el formulario en cita, se incorporan las direcciones electrónicas para descargar la copia digitalizada de los contratos que ahí se señalan, también lo es que de su lectura no se colige que contengan la descripción precisa del nombre y tipo de campaña, su necesidad y temporalidad específica”, destaca el organismo en su informe.

En los contratos, en el apartado de declaraciones, se emplea una descripción genérica en los siguientes términos: “que requiere la adquisición de espacios publicitarios para la divulgación de los programas y acciones de gobierno, con el objetivo de que la población esté informada de los asuntos públicos de Sinaloa”, se lee en el documento.

Además, de la lectura de dichos contratos se observó que el procedimiento cerrado de adjudicación directa es el empleado para la contratación y asignación de publicidad oficial, sin que se hayan incorporado los motivos y fundamentos legales que justifiquen el no haber contratado el servicio mediante licitación pública.