‘Educación y deudas pendientes’, columna La Montaña, de Oscar Loza

Por Oscar Loza Ochoa

¿Era esto el desarrollo o es nuestra caída?

Narendra Modi

Febrero es el mes de las preinscripciones, ¿para qué? La pregunta es válida porque se ha perdido el objetivo original de preinscribir. Se suponía que hacerlo le permite al Estado, particularmente a la Secretaría de Educación Pública y sus pares en las entidades federativas, planear el siguiente ciclo escolar. Ello implicaba conocer la magnitud de la demanda por grados en toda la educación básica. Y conocerla llevaba a las consideraciones de tener disponibles los espacios físicos como aulas, mobiliarios, laboratorios, bibliotecas, ordenadores, canchas deportivas, entre otros, para atender la demanda.

Si se tiene la información en fecha temprana de lo que se va a enfrentar en el terreno de la educación, pues se dispone de medio año para gestionar los recursos y aplicarlos para que cada niño encuentre, desde el arranque del siguiente ciclo escolar, los espacios y herramientas de trabajo que requiere una educación para un país que aspira a salir del desarrollo dependiente. Pero lamentablemente después de las preinscripciones y de las carreras de muchos padres de familia buscando un lugar para sus hijos, no hay movimientos en las alturas que busquen allanar los vacíos en la oferta educativa. Y no creo que este año vaya a ser la excepción.

¿Cuántos infantes y adolescentes se quedarán sin educación en el ciclo 2018-2019? No lo sé, pero si las escuelas y colegios privados han estado creciendo no es precisamente porque las escuelas públicas estén ofertando todos los espacios demandados. Y ante los recortes presupuestales en el renglón de educación y cultura, las familias de clase media baja con hijos estudiando y que no alcanzan cupo en las instituciones públicas, se ven obligadas a reajustar sus gastos para inscribirlos en escuelas privadas.

El problema es para las familias pobres, porque ellos no tienen ingresos para garantizar la continuidad de la educación de sus hijos en otras instituciones que no sean las públicas. Y no son pocos los que año con año ven cerradas las puertas de esas escuelas y son lanzados a la calle, donde sobrevivirán en medio de una tragedia eterna. Entre esa masa de niños y jóvenes se ubican muchos de los huérfanos que la violencia pare a diario, los hijos de personas desaparecidas por la misma causa y los menores hijos de desplazados también por la violencia.

Las respuestas a una demanda creciente de educación es informar que hay cupos llenos en las escuelas primarias y se deja la tarea a los padres de familias de buscarles acomodo a sus hijos, ¿dónde? La otra respuesta, aplicada en secundarias y preparatorias, es practicar exámenes de admisión. Y en muchas de las instituciones hay un filtro para presentar esos exámenes: promedio mínimo de 8. En este país la calificación de pase empieza con el 6, impedir que continúe una persona su educación por tener 6 o 7, es no respetar la Ley de educación y el artículo 3° Constitucional. Y las cosas no paran ahí. De los que presentan el examen queda un determinado número (el cupo que pueden aceptar por escuela), los demás aspirantes, así tengan 8.5 o 9, tendrán que buscarle por otro lado.

Lo que debe quedar claro es que sólo continúan su educación un número determinado, que nada tiene que ver con las preinscripciones, sino con la planta anteriormente instalada. Es tiempo ya de preguntarnos, ¿por qué no hay un verdadero Plan de educación que aspire a otorgarla a todos los niños y jóvenes? A todos, sin excepción de clase o cualquier otra condición social. Y también es tiempo de reclamar y exigir que las prioridades no son el pago a los acreedores de la deuda, subsidios a los grandes empresarios, mucho menos las cuotas de la corrupción.

La semana pasada se suspendieron las búsquedas de fosas clandestinas por los familiares con desaparecidos. La autoridad les informó que no tenía policías para apoyarlas con la seguridad requerida para dichos casos. Esa labor de búsqueda le corresponde a la Fiscalía General, quien debe investigar los delitos y procurar justicia. La disposición de las madres rebasa con mucho a la autoridad y ha tenido resultados positivos en ese terreno. Muy dolorosos dichos resultados, pero su contribución es invaluable. Toda la sociedad demanda que al menos en materia de seguridad no haya una actitud cicatera de las instituciones.

Los familiares con desaparecidos, los organismos de derechos humanos y la sociedad en general, estamos atentos de que se aplique correctamente la Ley sobre desapariciones forzadas de reciente aprobación. Se creará la figura del Comisionado de búsquedas a nivel nacional y en cada una de las entidades federativas. Y no puede recaer en recomendados o personas que poco compromiso tienen con el movimiento de búsqueda de desaparecidos. Los organismos relacionados con el tema y la sociedad deben opinar al respecto y proponer a personas. Desentenderse del asunto es permitir la creación de otro elefante blanco en el país y malgastar todo el esfuerzo y lucha que hizo posible la creación de la figura del Comisionado de búsqueda.  Vale.

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