‘Hablarle al diablo por un portillo’, columna La Montaña, de Oscar Loza

Por Oscar Loza Ochoa

¿Qué puede ser un mundo alimentado con temores?

René Valdés

Bien dicen, que por el hijo una madre es capaz de vender su alma al Diablo. Y si lo hace, bien hecho. ¿Quién de nosotros puede calificarlo de inmoral? Sobre todo si nos hemos cruzado de brazos mientras ella libraba una batalla a muerte para dar con el paradero de su hijo. Quizá el hecho no le arranque aplausos a nadie, que tampoco los necesita, pero al menos busquemos una explicación honesta ante las acciones y omisiones de la autoridad, que no la ubican a la altura de los requerimientos sociales de justicia.

Nos referimos al texto que familiares de policías desaparecidos el año pasado enviaron al Cartel de Sinaloa, en el que dicen: “a quienes han prometido y prometieron no dañar o hacer daños a personas inocentes, ya hace un año que no sabemos de nuestros familiares José Antonio Saavedra Ortega y Yosimar García Cruz, policías municipales privados de su libertad el día 23 y 26 de enero de 2017, desde ese momento nuestras familias empezaron una gran tortura psicológica y mental, desde ese momento cambiaron nuestras vidas al no saber nada de nuestros seres queridos, de no saber si viven o ya no están con vida, sólo les pedimos a los grandes capos a los grandes jefes del cartel de Sinaloa y a quienes se llevan a nuestros familiares, que nos ayuden a que puedan regresar o nos digan donde los podemos encontrar.”

¿Cómo nos explicamos que sus angustias y afanes busquen a un destinatario que no es la autoridad ni la sociedad? La interpretación clara de la historia de las desapariciones forzadas en Sinaloa y en el país nos da luz en la materia. Desde 1975, en el estado de Sinaloa se dan casos de desaparición forzada de personas y con el tiempo el número de las mismas va creciendo peligrosamente. No se esclarecen ni hay justicia para los casos “viejos”, pero tampoco se atienden debidamente los casos recientes; menos aún se busca detener esta práctica que lastima tanto a la sociedad. Al parecer hay más simulación que trabajo en serio de parte de la autoridad. La impunidad es demasiado elástica e irrompible ¿A dónde acudir entonces? Mi madre dice que el que no encuentra salida, le habla al Diablo por un portillo.

En medio de estos avatares, el viernes 26 conmemoraremos 40 meses del caso de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en la llamada noche de Iguala de 2014. Sus padres estuvieron el pasado lunes en audiencia con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante quien acusaron a tres jueces de distrito por no cumplir su obligación constitucional: uno de ellos deja pasar el tiempo olímpicamente sin resolver el amparo contra la exoneración de Tomás Zerón de Lucio, que tantas irregularidades cometió en la investigación de la PGR, y a los otros dos, porque se niegan a librar órdenes de aprehensión en contra de policías del municipio de Huitzuco y federales, implicados en la desaparición de los 43 estudiantes. Habrá actividades en varias ciudades del país.

Y siguiendo con el tema de las desapariciones forzadas, esta semana se presentará un documento al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al fiscal general Juan José Ríos Estavillo. En él se vuelve a insistir en la urgente necesidad de adquirir perros rastreadores, cuya especialidad es la búsqueda de personas en vida. Como hay probados resultados en otros estados, en los que se rescataron a niñas durante las primeras horas después de ser privadas de la libertad, consideramos que el gobierno de Sinaloa debe hacer un esfuerzo para la compra de ese tipo de canes. Por la libertad y, sobre todo, por la vida de esas personas, vale la pena.

Esperamos en esta ocasión no encontrar oídos sordos como en los momentos anteriores, pues de haberlos en un renglón que no admite indiferencias ni pérdidas de tiempo, los costos siempre nos remitirán a pérdidas de vida, cosa que resulta muy dolorosa. De contar con esos animalitos se incrementan las posibilidades de un buen desenlace para casos de personas desaparecidas, en las que sea posible ubicar bien el punto en el que se le vio por última vez a la víctima. Una prenda de esa persona y el punto mencionado pueden hacer la diferencia entre los fracasos de hoy y una exitosa salida.

Nada nos daría más gusto que en el marco de la actualización de la Ley sobre desapariciones forzadas en el estado, se pudiera dar otro paso importante en la atención de los familiares que buscan a sus seres queridos y, de alguna manera, la gestión por nuevos caminos del problema de las desapariciones forzadas. Un binomio canino con especialidad en la búsqueda de personas en vida, sería una buena noticia. Y como las cosas no llegan solas, siempre hay que darles un empujoncito, todos quedamos convocados a decir y hacer algo para que la adquisición de esos perros especializados sea una realidad. No esperemos a que las urgencias nos lleven también como sociedad a hablarle al Diablo por un portillo. Vale

 

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