Mayor responsabilidad institucional, columna La Montaña, de Oscar Loza

Por Oscar Loza Ochoa

Todavía podemos escribir nuestra historia.

Ismael Cano Moreno

Ni las cifras del delito de 2017, ni los hechos de Elota llevarán a un cambio de política de seguridad. Tampoco lo que sigue sucediendo en este complicado y preocupante año. Además es el fin de un sexenio que no se mortificó por definiciones en materia de seguridad, que sólo dio seguimiento a una mala decisión que había tomado Felipe Calderón en el gobierno anterior. Con los saldos de once años de una política errónea, el dolor social es del tamaño de 250 mil vidas. Todo ello obliga ahora, lo quiera o no quien sea el próximo gobernante, a un verdadero cambio en política de seguridad.

Uno de los comités mazatlecos que apoyan y dan seguimiento a los desplazados de Concordia, ha informado que las declaraciones oficiales en el sentido de que están regresando las familias que abandonaron sus tierras y pueblos, son ciertas. No precisan que sea la mayoría de los vecinos, pero en la visita que realizaron el pasado día 11 de enero, señalan que las calles no se ven solas, que ya se abrieron algunas tiendas de abarrotes, que algunos maestros están llamando a clases, que se está enviando personal sanitario y que la autoridad reparte despensas allá en esas comunidades de la sierra y realiza pequeñas obras materiales, para presionar el regreso.

Pero el regreso de los desplazados, sin que hayan cambiado las condiciones que los hicieron salir de sus comunidades y abandonar lo poco que tenían en bienes materiales, me parece de lo más riesgoso. No hay información de que los responsables de la violencia en esa zona se hayan marchado, de que estén presos o arrepentidos. Hace dos semanas esos grupos violentos dieron pruebas de actividad, pues asesinaron a dos personas en las inmediaciones. Y la base militar que estaba en la zona ya se retiró al parecer. En esas condiciones el regreso tiene una y mil interrogantes, y más riesgos que ventajas.

Y las complicaciones para el país no terminan allí, antes de concluír la primera quincena de este primer mes ya contábamos a dos periodistas fallecidos violentamente: a José Gerardo Martínez en la ciudad de México y a Carlos Domínguez en Nuevo Laredo; sin dejar de contemplar la impunidad en los casos de los 12 comunicadores asesinados en 2017, particularmente en el caso de Javier Valdez. Esto replantea no sólo la exigencia de que el mecanismo de protección a periodistas funcione, sino que los ojos y acciones de la sociedad cobren mayor vida.

En tanto los desaparecidos adquieren mayor presencia en la vida pública del estado y del país, pues la estadística es creciente y no hay política de Estado para detener la práctica. No basta contar con fiscalías en cada región del estado, ni el equipo y tecnologías adquiridas, si no hay voluntad oficial para elaborar y aplicar una política que pare esta práctica que tanto daño ha hecho ya en nuestra sociedad. No pocos queremos vivir el día en que esos familiares que salen a diario a búsquedas de sus seres queridos, los encuentren y que puedan descansar al saber que la autoridad hizo comparecer a los responsables y los juzgó.

Pero el país no tiene descanso, por donde no le llueve le cae sereno, pues de acuerdo a lo que circula en los medios no se respetan ni los donativos hechos por la ciudadanía para los damnificados por los sismos. Se dice que una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encontró que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios. Se emitieron 3 mil 79 plásticos de más. Se depositaron 68 millones 800 mil pesos, pero no hay seguridad de que todos los fondos hayan llegado a quienes no tienen ahora techo en donde vivir. ¿Quién es el responsable del Bansefi? Nada menos que el buen Virgilio Andrade. Sí, el mismo que “investigó” el caso de la Casa Blanca.

Lo dijo el presidente Peña Nieto: “la primera responsabilidad de un gobernante es cumplir y hacer cumplir la ley; por eso, con la delincuencia organizada no puede haber perdón ni olvido, ni borrón y cuenta nueva; dejar hacer y dejar pasar es fallar a la sociedad y traicionar al país”. Y el entorno que vivimos ahíto de actos de corrupción, cubiertos con el manto de una ominosa impunidad, nos invita más a llorar la tragedia que sufrimos que a creer a pie juntillas en el discurso oficial.

El próximo 5 de mayo se conmemorará el bicentenario del nacimiento de Carlos Marx, una de las cabezas más brillantes en la historia de la humanidad. Seguramente volverán las polémicas en su entorno, pero nadie podrá negar que al empeorarse las condiciones de vida de los trabajadores y la explotación, su pensamiento y obra cobran ahora mayor vigencia que nunca. También nosotros estaremos en el obligado análisis, porque todavía podemos escribir nuestra historia. Vale.

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