POSICIONAMIENTO I NUESTRO DERECHO A CONOCER LA VERDAD Comisión Ciudadana de Seguimiento del Caso Javier Valdez

Imagen de la protesta por crimen de Javier Valdez afuera de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, mayo 2017. Fuente: Archivo rabiaytinta.

 

El derecho a la verdad también constituye una forma de reparación  

en casos de violaciones de derechos humanos.

CIDH

15 de diciembre de 2017.- Han transcurrido siete largos y penosos meses sin tener información que nos dé certidumbre sobre el Caso Javier Valdez. ¿Qué se ha hecho de parte de la Fiscalía General del Estado y de la PGR? Lo ignoramos. Se ha dicho públicamente que están trabajando las dos instituciones de procuración de justicia en el caso y que hay coordinación, pero esa información no desvela un solo paso de lo que suponemos están haciendo.

Y al transcurrir tanto tiempo sin que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, nos obsequien la información que puede dar tranquilidad a la familia y a la sociedad y menos, sin que se presente a los presuntos responsables para que sean vinculados a proceso, por dignidad como ciudadanos que reclamamos Justicia para el periodista Javier Valdez, ahora planteamos ante la Fiscalía General el derecho humano de la familia y de la sociedad a conocer la verdad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), luego de observar y atender las infamias que en varios países del Sistema Americano llevaron a la práctica de la desaparición forzada de personas y luego a los reiterados intentos de salvar a los responsables bajo el manto de la impunidad, reiteraron que el derecho a conocer la verdad por las víctimas, por las familias y la sociedad, es un derecho humano y que está en la filosofía de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del Pacto de San José.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha ido más allá, pues le preocupa la impunidad que se pretenda en torno a toda violación grave de derechos humanos. Y es muy explícito en ello cuando señala que: “El derecho a la verdad ha surgido como respuesta  frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción  de los casos de graves de violaciones de derechos humanos.” Es el Caso de Javier Valdez, en el cual podemos señalar sin riesgo de equivocación, que el trabajo de investigación de la Fiscalía General del Estado y de la PGR, no se corresponde a la obligación Constitucional de procurar justicia pronta y expedita, de acuerdo al artículo 21 de la Carta Magna, menos a la exigencia de tantos ciudadanos agraviados por este caso.

Como hay el evidente riesgo de llegar al mes octavo y noveno en la misma situación en que estamos ahora, le recordamos al C. Juan José Ríos Estavillo, que la CIDH y la CorteIDH han señalado que el derecho a la verdad comprende una doble dimensión. Por un lado está el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones a los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad  de quienes participaron en ellos. Y también nos dicen que “se ha consolidado la noción  de que este derecho no solo corresponde a víctimas y familiares, sino también a la sociedad en su conjunto”. ¡Por eso estamos aquí, reclamando este sentido derecho humano!

No podemos ignorar en este acto que el día 15 de noviembre, con motivo de los seis meses de impunidad en el Caso de Javier Valdez, ocurrimos ante el Congreso del Estado para solicitar que el C. Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General, compareciera ante la Soberanía del Estado, para informar sobre el Caso en comento. Y que su asistencia fuera el 10 de diciembre, en el entorno del LXIX aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Fiscal General expresó por escrito  algunas razones legales para no asistir.

Sin entrar a discutir la validez de las razones que expuso, lo que está muy claro para la sociedad, es que ya no se podrá presumir que habrá justicia pronta y expedita, como lo mandatan las leyes, ni hay voluntad política, en pleno respeto al valor que tiene el Poder Legislativo (representando a la Soberanía popular), para comparecer y dar la cara por los asuntos que le corresponde resolver.

A siete meses del monstruoso crimen que cobró la valiosa vida de Javier Valdez, una pregunta central es obligada: ¿tendrá algo que informar el C. Juan José Ríos Estavillo? Otorgándole el beneficio de la duda, a lo mejor sí. Pero carece de voluntad política y de oficio para atender el llamado de la Cámara de Diputados y el clamor social de Justicia a Javier Valdez.

Sabemos que la tarea para concretar justicia para Javier Valdez no será fácil, nos lo han demostrado los casos de todos los compañeros periodistas caídos en Sinaloa, entre ellos Gregorio Rodríguez, Oscar Rivera y Humberto Millán, pero nuestra lucha no desmayará hasta lograrlo. En ello nos va la cara libertad de expresión y los afanes por heredarle a nuestros hijos un Sinaloa y México en Paz y solidario.

Muchas gracias.