Ley de seguridad interior, ¿autogolpe de Estado en México?

Por Guillermo Ibarra

Sin respetar la formalidad parlamentaria, el PRI y sus aliados en el Congreso introdujeron en la sesión del martes 30 de noviembre la discusión del dictamen sobre la cuestionada Ley de seguridad interior, dispensando lecturas, y aprobando el proyecto que se turnará a la Cámara de Senadores.

De prosperar, se estaría generando un marco anticonstitucional propicio para un estado de excepción permanente en donde el ejército, en complicidad con el presidente de la República,  tendría autorización para actuar como si se estuviese en una situación de guerra.

En los debates, los opositores a la ley señalaron que es parte de una estrategia para que en caso de que el PRI o el PAN no ganen la presidencia, el Ejecutivo, que seguirá siendo Enrique Peña Nieto en 2018, pueda entregar provisionalmente el poder de facto a los militares mientras intentan retomarlo.

Argumentaron que, si surgieran descontentos por algún fraude en los comicios, lanzarían a la milicia a poner orden, amparados en esa ley, cuyo propósito declarado es regular la presencia del ejército en las calles combatiendo al crimen organizado.

La diputada Araceli Damián González, de MORENA, investigadora de El Colegio de México,  dijo a los priistas de forma directa:

“Tienen terror. Tienen terror de perder el 2018. Van a perder. Van a perder. Eso es lo que está en el fondo de este madruguete. Ustedes, que ni tienen candidato, quieren limpiarle el camino” (http://cronica.diputados.gob.mx/).

El diputado del PRD David Gerson García Calderón también argumentó que el estado mexicano ha sido rebasado por el descontento social y pretenden aplacarlo “enviando al Ejército a las calles para poner en su lugar a todos, como el caso tan lamentable de Tlatlaya, de Ayotzinapa, y otros más. Que no se nos engañe a la sociedad civil, al Ejército Mexicano. Con la aprobación de este dictamen no se está normando la regulación del Ejército en las calles. Existe la alta probabilidad de un cambio de régimen el siguiente año. Ante este escenario el gobierno federal pretende militarizar las calles del territorio nacional a fin de garantizar la permanencia en el poder” (http://cronica.diputados.gob.mx/).

A la legisladora sinaloense, del PRI, Martha Tamayo le correspondió el papel de abogada del diablo al intentar justificar la iniciativa, sin éxito a nuestro parecer, señalando que “ofrece mayor certidumbre jurídica a la actuación de las fuerzas federales y las fuerzas armadas en beneficio de la población civil. La declaratoria de protección de seguridad interior que emitirá el presidente será el último recurso. Las acciones de auxilio que se realicen en el marco de ella no serán permanentes, su naturaleza es transitoria”.

Se trata de una ley engañosa, con postulados generales y contradictorios, pues en algunos artículos establece que no procederá la intervención del ejército en inconformidades electorales, o que el presidente deberá justificar el estado de excepción, mientras que en otros artículos deja ambigüedades para que pueda interpretarse lo contrario.

Desde que se presentó la iniciativa, a petición del Secretario de Defensa, General Salvador Cienfuegos, han sido recurrentes los señalamientos de que se trata de una especie de autogolpe de estado, de poner las condiciones para regresar a una situación que vivió México solo en el gobierno de Victoriano Huerta cuando el poder de los generales estuvo sobre los civiles.

El jurista Diego Valadés planteó que la regulación del combate al crimen que corresponde a las autoridades civiles, debería avanzar por la reglamentación del artículo 29 de la Constitución, que define las situaciones de excepción en la cuales se pueden suspender las garantías constitucionales, que requiere la aprobación no solo del presidente sino del Congreso y revisión de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (http://bit.ly/2jOwehN).

Con la pretendida ley se plantean mecanismos de aprobación “de bolsillo”, mediante una normatividad tramposa, aprobada durante una celada legislativa, contradiciendo el artículo 129 constitucional que prohíbe a los militares actuar en la vida civil, en tiempos de paz. Los priistas y sus aliados les están otorgando atribuciones para espiar, actuar como ministerio público y de motu proprio ante supuestos peligros, entre otras aberraciones.

No pecaríamos de alarmistas al considerar que estamos ante un verdadero peligro para la estabilidad política y democrática de nuestro país si llegase a ratificarse esta ley por el Senado.

El actual conflicto en Honduras es un espejo de lo que puede ocurrir en México en 2018.

En la elección presidencial el opositor de izquierda, Salvador Nasralla aparecía como ganador de la contienda cuando se había computado el 58 por ciento de las boletas electorales. Superaba a su contrincante, el actual presidente, Juan Orlando Hernández, con más del cinco por ciento de la votación. La autoridad electoral, subordinada al poder ejecutivo, realizó maniobras para que no pudiera concluirse el cómputo y prolongó la entrega del resultado hasta ocho días después de la elección, creando un descontento que llevó a la población a las calles. El ejército hondureño intervino cancelando las garantías individuales. Al final de cuentas, declararon ganador al presidente, sumiendo a ese país en una crisis de pronóstico reservado.

Semeja una lección de historia en tiempo real de lo que puede ocurrir el próximo año: que pierda el PRI, que hagan fraude, que haya descontento en las calles, que se introduzcan provocadores, existan disturbios, intervenga el ejército, se escale el problema, surja una espiral del conflicto que pueda llegar a la anulación del proceso y llevar a otros comicios, arrebatando el triunfo al legítimo ganador.

Las élites que dirigen a México actúan predatoriamente, pues su modelo económico y político no solo genera pobreza y desigualdad social, sino que tienen predisposición a aniquilar la democracia para hacer preservar las inversiones, corporaciones, riquezas, cotos de poder. Nos referimos a los grandes bancos, trasnacionales, corporativos, a los dueños del poder económico en México, a la clase política que les sirve.

En este escenario los legisladores solo son sus marionetas.

Triste escenario.

Más triste todavía para Sinaloa es ver que el gobernador Quirino Ordaz parece estar preparándose para este nefasto escenario, pues este año ha anunciado la construcción de bases militares en tres sitios distintos de la geografía sinaloense: en Escuinapa (http://bit.ly/2ANespJ), Culiacán (http://bit.ly/2Aw3u5p) y en la frontera con Durango (http://bit.ly/2AVTlC3).

¿Qué nos pasará en Sinaloa si ocurriese tal militarización?

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Profesor del doctorado en Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido también profesor de la UNAM, ENAH, e investigador en las Universidades de Illinois en Urbana Champaign, Universidad de California Los Ángeles y Universidad de Texas en Austin. Su campo de docencia es desarrollo regional, estudios urbanos, economía política y estudios de la globalización. Ha publicado trece libros de autor y doce coordinados en estos mismos campos, así como cuarenta artículos de investigación. Ha asesorado 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 1994 y actualmente es nivel III. Tiene experiencia en gestión institucional como Director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, secretario académico de la UAS, Secretario Ejecutivo de ANUIES (región Noroeste), presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Canadienses e integrante del Internacional Council for Canadian Studies.