Sistema Estatal Anticorrupción en Sinaloa, Una mascarada 

 

Por Guillermo Ibarra

En estos días se encuentra vigente la convocatoria que lanzó el Congreso de Sinaloa para iniciar los trabajos que integren el Sistema Anticorrupción a nivel estatal y municipal. Se ha hecho con retraso y mala fe, con apoyo en una legislación deliberadamente truculenta.

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, del 16 de junio de 2017, es uno de los instrumentos clave para instituir una nueva gobernaza para erradicar la corrupcion que tiene postrado a nuestro país.

Se han creado muchas expectativas en estas reformas.

Según el artículo 2 de la Ley, sus objetivos son establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del Estado y los municipios, establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; para instituir políticas públicas integrales, ahondar en la fiscalización y control de los recursos públicos;  prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a ese flagelo, entre otras.

Para ello propone integrar un conjunto de organismos con participacion ciudadana,  para evitar que el gobierno y quienes deben ser fiscalizados no terminen nombrando a sus mismos fiscalizadores.

Lamentablemente lo que se quiere evitar, está ocurriendo de manera escandalosa.

La participación ciudadana se canalizará a una Comisión de Participación Ciudanana que se nombrará bajo la conducción de un Comité de Selección, el cual a su vez deberá ser  ciudadano, para que no exista intromisión de actores del Estado y los partidos políticos.

El Comité de Participación Ciudadana es muy importante pues su presidente participará en el Comité de Coordinación y sus integrantes serán parte de la Comisión Técnica.

Los redactores de la Ley encontraron la manera de hacer nula la pretensión de que reales ciudadanos independientes encabecen esos organismos.

El artículo 18 establece que de los nueve miembros del Comité de Selección, cinco deberán ser propuestos por las instituciones de educación superior y de investigación; los otros cuatro, por organismos de la sociedad civil.

Ese es el Talón de Aquiles del sistema, pues con esta forma de integrar el Comité de Selección se puede entregar a poderes fácticos  la capacidad de incrustar a sus incondicionales en el Comité de Participación Ciudadana y el Comité de Coordinación.

En respuesta a la convocatoria del Congreso, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera propuso a cinco integrantes de su bando politico, el PAS, con una larga trayectoria de complicidad con el corporativiso antidemocrático que prevalece en esa institución.

Encabeza la lista María Felipa Sarabia, ex contralora de la UAS, en el periodo rectoral de Antonio Corrales Burgueño y exdirectora de la Facultad de Contabilidad y Administración. Fernando Arce Gaxiola, ex director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAS en Los Mochis, un personaje acrítico y obscuro, típico levanta dedos en el Consejo Universitario, en todo tipo de decisiones, particularmente en el nombramiento de directores. De igual forma se encuentra José Luis Jorge Figueroa Cancino, ex director y consejero universitario de la Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán, quien en ese órgano de dirección se caracterizó por su servilismo con las autoridades.  Lo mismo es el caso de Irvin Mikhail Soto Zazueta, funcionario de la Facultad de Economía de Culiacán y Carlos Lorenzo Florez Ochoa, personas conocidas pero sin mayores méritos ciudadanos que ser incondicionales de Héctor Cuén.

¿A quién se le ocurrió que tan solo por tener adscripcion institucional y ser propuestos por autoridades universitarias se tienen perfiles adecuados?

Aunque los cinco mencionados ostentan rimbombantes títulos de doctor, ninguno de ellos es investigador con obra reconocida, ni destacan como líderes en algun campo de conocimiento. Son personas respetables, pero académicos poco relevantes.

De llegar estas personas al Comité de Selección, ese organismo funcionaria de forma semejante a la Comision Permanete de Postulación de la UAS, una de las figuras mas desprestigiadas y caducas en Sinaloa.

En el caso de la UdeO desconocemos el perfil de los academicos propuestos, sin embargo, es de conocimiento público que se trata de una universidad controlada por el gobernador. Esperemos que su rectora que sí es investigadora de prestigio, haya hecho propuestas que hagan la diferencia, junto con algunos representantes empresariales que se han candidateado.

Los que idearon este mecanismo no se midieron.

Si este primer paso para nombrar el Comité de Selección no se conduce con transparencia y legalidad, todo lo que venga será una mascarada, porque a partir del Comité de Participacion Ciudadana que luego se nombre, se integrará un Comité Técnico y un representante ciudadano presidirá el organo de mayor jerarquia que es el Comité Coordinador.

Este Comité Coordinador es la figura que tiene una mayoría de funcionarios sobre los cuales tiene ascendencia el gobernador en turno y los partidos políticos.

Se integra por siete miembros, un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; el titular de la Auditoría Superior del Estado, el Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública; y el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, estos tres son nombrados por el Congreso. Además participan el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, nombrado por el Fiscal general; el titular de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, nombrado por el gobernador; un representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Si se integra un Comité de Selección con la participación de cinco individuos que al parecer serán comisarios políticos de grupos de poder, y si los empresarios y organizaciones sociales no logran colocar a gente comprometida contra la corrupción, se estará desahuciando desde su nacimiento a este nuevo sistema institucional de fiscalización y combate a la corrupción.

Desde que ocurrió el proceso legislativo, Iniciativa Sinaloa, denunció irregularidades:

“Un común denominador del proceso legislativo en Sinaloa fue la premura en la que se llevó a cabo. Se dispensaron las segundas lecturas, priorizando la prisa sobre la transparencia del proceso. Dos ejemplos de esto son la Ley de Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas las cuales se discutieron y aprobaron juntas en una sola semana, lo cual también ocurrió con la Ley de Justicia Administrativa y las reformas para regular las nuevas facultades y procesos de designación de los titulares de los órganos internos de control, incluyendo los de los organismos autónomos tales como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Respecto a esto último, se facultó únicamente a las instituciones públicas de educación superior la posibilidad de presentar candidaturas para ocupar esos puestos de titular” (http://bit.ly/2gq7YBy).

Como se ve, fue algo premeditado.

Incluso, sorprendió también a Iniciativa Sinaloa, que vieron en la participación de universidades una especie de concesión democrática, siendo que era precisamente el artefacto legal que colocaron en la normatividad para dinamitarla.

El Sistema Estatal Anticorrupción está naciendo muerto.

La clase política está engolosinada haciendo y deshaciendo con las instituciones públicas.

¿Hasta cuándo van a seguir así las cosas?

01-SISTEMA

http://www.iniciativasinaloa.org.mx/avanza-sistema-estatal-anticorrupcion-en-sinaloa/

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Profesor del doctorado en Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido también profesor de la UNAM, ENAH, e investigador en las Universidades de Illinois en Urbana Champaign, Universidad de California Los Ángeles y Universidad de Texas en Austin. Su campo de docencia es desarrollo regional, estudios urbanos, economía política y estudios de la globalización. Ha publicado trece libros de autor y doce coordinados en estos mismos campos, así como cuarenta artículos de investigación. Ha asesorado 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 1994 y actualmente es nivel III. Tiene experiencia en gestión institucional como Director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, secretario académico de la UAS, Secretario Ejecutivo de ANUIES (región Noroeste), presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Canadienses e integrante del Internacional Council for Canadian Studies.