El Estado mexicano y sus fatigas, columna La Montaña, por Oscar Loza

Por Oscar Loza Ochoa

Esta vida, harta de frecuentes horas de recuerdo.
Iván Medina

Por múltiples razones septiembre es el mes de la patria y también el de sus dolores. Fue el mes que acunó el grito de independencia del cura Miguel Hidalgo y los afanes libertarios de un puñado de conspiradores. También vería desfilar los ejércitos de Iturbide y Guerrero proclamando el fin de la guerra y nuestra separación de España. Pero septiembre ha visto caer a la capital del país y a varios estados, heridos por tres terremotos: 1985 y 2017. Sin olvidar la noche de Iguala del 26 de septiembre que se llevó a 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Como si no tuviéramos suficiente con esos problemas y los desplazamientos de grupos de personas empujadas por la violencia, como sucedió en el mes de julio en Concordia, Sinaloa, en estos días volvió esa violencia imparable a la sierra de ese municipio y cobró otras tres vidas. La autoridad deja mucho que desear en la atención a las zonas violentas y las masas de desplazados que migran desde ahí.

No pocos creyeron que ante la situación de quiebra en que dejó la administración de Mario López Valdez a las finanzas públicas, el nuevo gobierno aplicaría “manita de cochi” para que los responsables comparecieran y respondieran por tamaño desfalco. Pues no han comparecido y no se ven muchas posibilidades de ello. Si se aprobaron las cuentas públicas por más cuestionamientos que tenían de parte de la Auditoría Superior del Estado y de no pocos diputados y hasta se reformaron los artículos 37 y 43 de la Constitución local para que ya no sufran los saqueadores  de las siguientes administraciones, son mensajes inequívocos de no querer tocar a los responsables.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas determina castigo para un encargado del despacho de la Secretaría de Turismo (el ex titular tiene otro empleo en esta administración), un subsecretario y otros cuatro funcionarios de segundo nivel. Muchos ciudadanos siguen exigiendo la aplicación de la ley al ex gobernador y los ex secretarios de administración, salud y educación pública, pero no hay una pálida señal de que así será. Cuando sancionaron a Rafael Lizárraga los de transparencia estaban de buen humor: tendrá 30 días de suspensión sin goce de sueldo. Casi le pedían disculpas por haberlo señalado entre los que “pellizcaron el presupuesto”. No se tocarán los que mal condujeron la administración estatal, hasta que no hacerlo tenga un costo mayor que llevarlo a cabo.

En estos dolores hemos conocido el verdadero rostro del Estado. Ni fue oportuno ni suficiente en la atención de la emergencia que produjeron los terremotos, tampoco honesto en la entrega de los apoyos de la sociedad y de los que llegaron del extranjero. El fondo para desastres apenas tiene una bolsa de 6 mil millones de pesos para este año, a pesar de que los recurrentes ciclones han dejado amplias zonas devastadas en varios estados. No se otorgan más recursos porque se prioriza el pago por 35 mil millones de pesos a los banqueros, como premio a la quiebra por mala administración de los bancos que se les entregaron a precio de ganga.

También debemos decir que, por sobre todo, se prioriza el pago al servicio de la deuda, que se llevará este año una cantidad de casi 248 mil millones de pesos. Educación, salud y cultura, sufren de recortes, pero las obligaciones con deudores  se cumplen. El Estado dejó que se lincharan a los partidos políticos, a quienes se les exigió renunciar a sus prerrogativas para aplicarlas en la reconstrucción de los daños por los sismos, pero calla sobre esos renglones que sí cuentan para una reconstrucción plena: los 35 mil millones que se llevan anualmente los banqueros y la otra cifra de los 248 mil millones, tan inmorales la una como la otra. Nuestra situación se resume ahora así: país en crisis y urgido de reconstrucción, banqueros y deudores felices porque financiamos sus errores.

Los periodistas del sur de Sinaloa han presentado ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa una queja masiva. Los campeones en violar sus derechos humanos como reporteros son Fernando Pucheta, presidente municipal de Mazatlán y Hugo Enrique Moreno Guzmán, alcalde de Escuinapa. Hay conductas y gestos reiterados que ofenden a la libertad de expresión, que no dejan espacio por el que puedan respirar el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el primer capítulo de nuestra Constitución y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Demasiadas tareas se abren para un Estado que muestra fatigas por todos los costados, pero al que hay que exigir el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, como vía privilegiada para que la senda de la reconstrucción y la democracia retomen su camino y su andadura. Vale.

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