Secretario de Sinaloa cobra doble al gobierno; también renta oficinas

El semanario Río Doce revela que al menos cinco personas relacionadas con el gobierno arriendan inmuebles al Ejecutivo estatal.

Alfredo Román Messina, secretario de Salud de Sinaloa. Foto: Gobierno de Sinaloa.

Por redacción rabiaytinta

Alfredo Román Messina, secretario de Salud de Sinaloa en el actual gobierno del priista Quirino Ordaz Coppel, no sólo recibe un sueldo por ser parte del gabinete del Ejecutivo estatal, también se le entrega un pago mensual de 60 mil 914 pesos por la renta de las oficinas del Tribunal Contencioso Administrativo en el municipio de Mazatlán.

Este arrendamiento publicado por el semanario Río Doce, va en contra del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que dice: “Todo servidor público, tendrá los siguientes deberes: Abstenerse en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de autorizar pedidos o celebrar contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes…”.

–Secretario, ¿cómo explicarle a la ciudadanía que esto no representa un conflicto de interés, pues usted es un funcionario público de primer nivel y al mismo tiempo le presta un servicio al gobierno del Estado? –le preguntó la reportera Miriam Ramírez.

–Bueno, póngase en mi lugar, si yo tengo una propiedad que le rento al gobierno sin ser funcionario desde hace años, no tengo porque recibir una afectación en mi patrimonio por aceptar un cargo público –dijo el funcionario.

En la misma situación se encuentran Blanca Castañeda Verduzco, directora del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA), quien le renta al gobierno de Sinaloa las oficinas donde se ubican el Instituto de Pensiones del Estado y las oficinas de la Secretaría de Agricultura en Culiacán. Mensualmente recibe por ambos contratos un pago de 78 mil 386 pesos.

El semanario también incluye los casos de Graciela Duarte García, hermana del ex alcalde priista de Ahome, Arturo Duarte, quien obtuvo un contrato de arrendamiento con el gobierno del Estado en 2015; del ex delegado de la Conagua en Sinaloa, José Rosario Peñuelas, quien recibe una renta mensual de 13 mil pesos por la renta de las bodegas para la Agencia del Ministerio Público en Guasave, y del diputado y ex líder sindical del SNTE 53, Silvino Zavala Araujo, que cobra al Estado por la renta de dos locales que ocupan las supervisiones escolares 002 y 009 en la colonia Centro de Culiacán.

“Obtuvo su primer contrato de arrendamiento con el gobierno de Mario López Valdez, en lo que podría tratarse de un posible tráfico de influencias, un delito que ya está tipificado en el Código Penal de Sinaloa”, se expone en la publicación.

Pero el Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, defendió que no existe conflicto de intereses en los casos de arrendamientos de los inmuebles entre funcionarios y el gobierno de Sinaloa. Así, de un plumazo, eliminó la posibilidad de una investigación a pesar de que los casos contradicen la legislación local.

“Aunque sin especificar el sustento legal, Ortega Carricarte dijo que su área jurídica analizó el tema y descartó la violación a la ley, debido a que los contratos se firmaron cuando el arrendador aún no era servidor público. Una vez que asumieron el cargo, los contratos sólo se renovaron. Defendió que las condiciones económicas de los contratos tampoco cambiaron, por lo que no existe un beneficio adicional para los funcionarios”, dijo Ortega Carricarte, según se lee en la publicación del semanario de Sinaloa.

Secretario de Finanzas de Sinaloa.
Secretario de Finanzas de Sinaloa.

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