Se promueve inestabilidad por el Congreso del Estado l Por Oscar Loza Ochoa

Por Oscar Loza Ochoa

 Digamos un hasta siempre a Arturo Tolosa y a  Juan Figueroa,

 su paso por la vida dejó huellas imborrables. 

Vuelve el Congreso del Estado a sus “andadas”. Hace apenas unos días PRI y PAS llevaron al Poder legislativo a la abdicación de una facultad central: revisar y aprobar las cuentas públicas. Es cierto que aún falta que la mayoría de los cabildos ratifiquen la contra reforma, pero ellos lo consideran de trámite. Y es muy probable que así sea, de acuerdo a la composición partidaria en los 18 ayuntamientos.

Como a la contra reforma de los artículos 37 y 43 a la Constitución local le falta el último trámite, el pleno de la Cámara de Diputados tendrá que analizar los dictámenes del primer y segundo semestre del último año malovista. Recuerden que el primero regresa después de ser rechazado por las irregularidades que contenía. ¿Serán aprobadas las cuentas públicas de una administración que deja un quebranto mayor a los 14 mil millones de pesos? Si lo hacen, el Congreso se hundirá en el desprestigio y el gobernador perderá los bonos y expectativas que había levantado con la promesa de ajustar cuentas a los Alí Babás del sexenio anterior.

Pero para ver incongruencias y desfiguros en estas acciones, basta con echarle una ojeada al diputado José Menchaca, presidente de la Comisión de fiscalización y principal impulsor de la contra reforma. Este angelito fue proveedor del gobierno de Mario López Valdez, beneficiándose con 19 contratos que le dejaron 15 millones de pesos, lo que habla de conflictos de interés. Al ser cuestionado sobre si se excusará de conocer y votar las cuentas de Malova por ese “negrito” en el arroz, dice que lo está consultando. ¿Cuántos casos donde hay conflictos de interés habrá en el recinto legislativo?

Y para los ciudadanos que llevan cartulinas, reclaman con voz fuerte, lanzan billetes o granos de maíz, el martes pasado se encontraron con que no pueden entrar a las sesiones públicas por ser “violentos”. En la lista negra entraron por lo pronto ocho, entre ellos Ernesto Saldaña, Salomón Monárrez y, por aquello de no discriminar género, Karla Montero. Inaceptable, pero explicable. Aunque dicha medida choca con la naturaleza del Congreso, no le pondrá cierre a otras bocas y sí puede elevar la tensión en las sesiones del mismo, cuyas consecuencias son impredecibles. Ojalá haya marcha atrás en esa torpe medida.

Pasemos a otros temas, aunque hacerlo no nos salve de las tragedias. El primer semestre mexicano de este año nos arroja 12 mil 500 homicidios y el de Sinaloa, más de 800. Los especialistas dicen que es el peor año del sexenio en materia de inseguridad y que ese calificativo enreda también el año de 2011, que sería el más violento del gobierno de Calderón. Como el costo en vidas, desplazados y desaparecidos  es terrible, lo más natural es voltear y preguntarse, ¿qué diablos ha pasado con la llamada Iniciativa Mérida? No sólo perdemos soberanía como Nación, estamos perdiendo en masa a nuestros conciudadanos. Creo que el Congreso de la Unión está obligado a darle una revisadita a esa Iniciativa que huele a intereses gringos.

Como todos sabemos, este miércoles se cumplieron 34 meses de la noche de Iguala en que desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El caso se enrumba hacia los tres años de impunidad. Vuelve a ser oportuno reiterar el derecho de las familias de las víctimas a conocer la verdad, que es un derecho de la sociedad también. Hasta hoy el Estado ha impedido llegar al fondo en las investigaciones y de que comparezcan ante un tribunal todos los responsables, sin excluir los personeros del gobierno. Y conocer la verdad implica saber del paradero de otros 34 mil desaparecidos en el país.

Por todo ello, justo es reconocer los esfuerzos que Voces Unidas por la Vida y las Rastreadoras del norte, realizan en distintos puntos del estado para encontrar con vida o sin ella, a sus seres queridos víctimas de la desaparición forzada. Han logrado poner en manos de la autoridad los restos de más de cien personas y encontrar algunos familiares con vida. Pero su aportación no termina allí. Sus “mapeos”, búsquedas regulares, reuniones interminables con la autoridad, talleres y activismo, son un grito profundo que reclama que la autoridad pare la nefasta práctica de la desaparición forzada y que la sociedad asuma el problema como lo que en realidad es: un delito de lesa humanidad. A todos los ciudadanos debe quedarnos claro que no preocuparnos por la impunidad es abrir las puertas a tragedias más grandes que las que ya padecemos. Ejercer verdadera ciudadanía puede salvarnos. Vale.

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