Cerrar cuentas públicas desataría la corrupción legislativa en Sinaloa

El intento de regresión se da en un estado que atraviesa por una de sus peores crisis de seguridad en décadas, donde el PRI volvió a gobernar el Ejecutivo y arrasó en el Legislativo

Foto: Congreso del Estado de Sinaloa.

Por Silber Meza

Opinión

La conversación se dio el 24 de mayo pasado, casi casi entre cuates.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Enrique Flores Flores, le dijo a un alcalde (que realizaba una grabación encubierta), que si quería salir limpio de sus cuentas públicas era momento de preparar un soborno. El “moche” iría para algunos diputados líderes de distintos partidos y para personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Para limpiarle las cuentas donde le observaron irregularidades por 40 millones de pesos, el alcalde debía pagar a los legisladores un soborno de cuatro millones: “el diezmo”. El grupo de diputados facilitadores controlaba a la ASE, a la Comisión de Vigilancia y a buena parte del pleno Legislativo, según se puede apreciar en un video que dio a conocer El Pulso de San Luis el 12 de junio pasado.

Como eran “amigos”, Flores Flores le hizo un descuento al presidente municipal. Le dijo que regularmente se cobraba entre el 15 y el 20 por ciento por limpiar una cuenta pública, pero como él era su cuate sólo le aplicarían el 10 por ciento.

“Haz de cuenta que te van a dar un premio al mejor alcalde del mundo”, le ofreció Flores Flores. Pero eso sí, le aclaró que si no aceptaba dar el soborno se irán contra él con especial rigor.

Así sucedieron las cosas en San Luis Potosí, y en Sinaloa se pretenden crear las condiciones  para que suceda algo igual… o peor.

En el estado está a punto de ser aprobada una modificación legal para derogar los párrafos sexto y séptimo del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y así lograr que las cuentas públicas ya no sean revisadas, aprobadas y/o suspendidas de manera abierta y plural, por todos los diputados locales. La facultad recaería solo en siete diputados (PRI, Panal y PAS) integrantes de la Comisión de Fiscalización. Y ésta emitiría el dictamen final a la Auditoría Superior del Estado.

Los párrafos a eliminar son dos:

1.- ”El Congreso del Estado revisará, aprobará, hará observaciones o suspenderá y, de proceder, expedirá el finiquito respectivo, por cada semestre del ejercicio fiscal en los casos de las cuentas públicas del estado y de los Municipios”.

2.- ”Cuando se decrete la suspensión de la aprobación de una cuenta pública, ésta deberá ser nuevamente discutida en el siguiente período ordinario de sesiones, previa a la revisión y aprobación en su caso, de la que corresponda al mismo”.

El problema es mayúsculo porque abre la puerta a la negociación oscura de las cuentas públicas, y a los sobornos millonarios estilo San Luis Potosí. Hay un dato implacable: las reuniones de la comisión son privadas, por lo tanto será imposible conocer lo que suceda en los encuentros. Nadie que crea en la democracia, en la transparencia y en el combate a la corrupción puede estar de acuerdo con esto.

Los legisladores defensores de la modificación afirman que pretenden “despolitizar” las cuentas, pero es un contrasentido: la función de un político es hacer justo eso: política.

El intento de regresión se da en un estado que atraviesa por una de sus peores crisis de seguridad en décadas, donde el PRI volvió a gobernar el Ejecutivo y arrasó en el Legislativo. Sucede después de que por primera vez en la historia estatal se suspende una cuenta pública de un ex gobernador, el aliancista Mario López Valdez, cuando el país a traviesa el debate más amplio contra la corrupción, y mientras existe el mayor número de ex gobernadores bajo proceso penal.

Pareciera que a los diputados de Sinaloa y al gobernador Quirino Ordaz Coppel no les interesa acabar con la corrupción, lo que quieren es que no se sepa y poderla negociar.

VE EL VIDEO DE LOS SOBORNOS EN SAN LUIS POTOSÍ