Autoprotegerse es autoritarismo, columna La Montaña, de Oscar Loza

Por Oscar Loza Ochoa

Atento a cómo corre y llora mi sangre,

a como se agolpan mis angustias.

José Revueltas

─La iniciativa, técnicamente lo que se está presentando es solamente quitarle lo político a las cuentas. ─Dijo el diputado José Menchaca López, ansiando que no vaya a tener tropiezo la propuesta de la Comisión de fiscalización, que pretende eliminar del artículo 37 de la Constitución local la obligación de que las cuentas públicas sean revisadas y aprobadas por el Pleno del Congreso del Estado. ─Que el tema político se desaparezca, solamente el tema político, no hay ningún otro cambio. ─Declaró a la prensa el angelito legislador.

Lo que está detrás de ello son las cuentas públicas. Sí, esas que se le atoraron a la administración malovista y a varios municipios a principios de año. Todos sabemos que están pendientes de aprobación el primer y segundo semestre de 2016, el último tramo del gobierno de Mario López Valdez. Ni la lamentable situación que en materia de seguridad sufrimos (más que vivir), nos ha hecho olvidar la escandalosa quiebra financiera en que dejaron al estado, cuyos números oficiales rebasan con mucho los 14 mil millones de pesos.

¿Cómo olvidar esa deuda si la vamos a pagar nosotros? Claro, de pasar el filtro del Pleno del Congreso del Estado. En el intento inicial no pasó la cuenta del primer semestre, por más lucha que le hicieron los legisladores que tienen compromisos con ese pasado inmediato. Y sabiendo muy bien la mar de cuestionamientos que habrá sobre las cuentas del primer y segundo semestre de 2016, el diputado José Menchaca, cinco de sus compañeros de comisión y vaya usted a saber cuántos más, pretenden “resolver” de manera autoritaria la aprobación de las futuras cuentas públicas. ¡Qué no lleguen al Pleno! Pues el desaseo en el manejo de los dineros públicos está presentando problemas en esa instancia.

¡Qué no lleguen al Pleno las cuentas públicas! Es el grito de guerra de Menchaca y compañía, con el infinito agradecimiento del gobernador y de 18 presidentes municipales. Tienen razón, pues el párrafo siete del artículo 37 de la Constitución de Sinaloa, puede meterles en un berenjenal. Diga usted si no: “En caso de que en la revisión de una cuenta pública, se encuentren irregularidades o hechos que hagan presumir la existencia de delitos, se denunciarán ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General)…”. Horror, pues de la Fiscalía ahora se presume su autonomía y no vaya a creérsela.

Para los ciudadanos debe quedar bien claro que el manejo de los dineros públicos es sagrado. Y que el recurso principal para hacer efectiva la rendición de cuentas (que también es un principio constitucional) es que el Pleno del Congreso, que representa la soberanía del pueblo sea quien revise y apruebe, o suspenda en su caso, las cuentas públicas. Si esto se remitiera a una o algunas comisiones, los malos administradores públicos estarán de plácemes. Y el cinismo adquirirá el estatus oficial en la vida pública de Sinaloa. No lo permitamos, el retroceso legislativo nos llevaría a justo antes de 1917.

Mientras, periodistas y sectores de la sociedad entran a una etapa de cierta tensión ante la ausencia de noticias sobre avances del caso Javier Valdez. El miércoles, respondiendo tanto a las inquietudes locales como en solidaridad con el periodismo oaxaqueño, por el caso del homicidio del reportero Salvador Adame, clausuraron simbólicamente las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Y la Comisión ciudadana de seguimiento para el Caso Javier Valdez, saldrá a la calle a pegar calcas en autos reclamando justicia y paz, y tendrá una audiencia con el fiscal para exigir información del caso, sin olvidar el reclamo de que sea la Fiscalía de Sinaloa quien investigue oficialmente el crimen, eliminando el actual manejo de que también la federación investiga, sin que se sepa quien lleva las riendas de la investigación.

Voces Unidas por la Vida, hace tiempo había solicitado una jornada en que varias instancias federales y locales se abocaran a convocar a familiares que no habían presentado denuncias sobre seres queridos desaparecidos, asistieran para tomarse las pruebas genéticas que permitieran actualizar y enriquecer el banco de datos existente y acercar la posibilidad de reconocer como familiares a restos humanos encontrados y de los que no existe identificación. Aplica para los que se encuentren en el futuro. La semana del 26 al 30 de junio fue para esa jornada. Hasta el día miércoles 28 se habían presentado 328 ciudadanos a la toma de muestras: uno por cada caso prácticamente. Con los miedos que hay y quizá fallas en la comunicación, los números nos hablan de una situación para reflexionar, pues es muy grave que haya tantos casos de personas desaparecidas (son nuevos casos).

Por todo ello la invitación a la autoridad es que sumemos fuerzas para detener esta terrible situación que vivimos en materia de seguridad (que alcanza el perfil de crisis humanitaria). Encontrarán en nosotros aliados si desean componer las cosas en ese renglón. Y dejen de lado la pretensión de modificar la Constitución local en aras de despejarle el terreno legal a quienes hacen un mal ejercicio de las finanzas públicas. Exijamos que la corrupción no se vuelva un mal oficialmente aceptado. Vale.

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