¿Por qué tenemos que proteger a quienes no nos protegieron?

Malova con su familia durante el festejo de sus 60 años de vida. Imagen tomada del muro de Facebook público de Mario López Valdez. Fechada al 19 de enero de 2017.

Por Silber Meza

OPINIÓN

En las últimas semanas hemos visto que los ex gobernadores de Quintana Roo, Tamaulipas y Sinaloa, señalados por endeudamiento y corrupción, han hecho uso de escoltas cuando han dejado sus cargos. En ellos hay algo en común: dejaron estados con graves problemas de narcotráfico y violencia, pero ellos y sus familias se retiraron con protección pagada por los ciudadanos que sufren la violencia.

En el caso de Sinaloa ahora sabemos que Mario López Valdez (rabiaytinta), alias Malova, su esposa, sus hijos, y sus cercanos Gerardo Vargas Landeros, ex secretario general de gobierno, y Genaro García Castro, ex secretario de seguridad pública (Noroeste), también pidieron seguridad, y el actual gobernador, Quirino Ordaz Coppel se las otorgó con base en la Ley de Seguridad Pública del estado.

Pero a pesar de que la ley les permite solicitar seguridad a los ex funcionarios, la Secretaría de Seguridad Pública del estado no quiere revelar el número de escoltas asignados. Pretexta que esto los pone en riesgo, sin embargo ese dato no debe de ser reservado porque son recursos públicos y los ciudadanos necesitamos saber que en realidad se hace buen uso de ellos. Un ejemplo es Quintana Roo, donde el ex gobernador Roberto Borge tenía 44 escoltas y 12 vehículos oficiales. ¿Cómo podemos estar seguros que en Sinaloa y en otros estados de la República no pasa lo mismo?

En México la inseguridad no para. Mayo fue el mes más violento de este sexenio y del de Felipe Calderón, pero los ex presidentes están protegidos por el Estado Mayor presidencial.

Malova dejó un estado que batió récords de homicidios, un sistema de seguridad desmantelado, arcas vacías y severos problemas en el sector salud. De esto hay datos duros. ¿De verdad merecen que los ciudadanos los protejan cuando ellos no protegieron a los ciudadanos?

La mayoría de ellos dejaron el cargo con más riqueza que como llegaron. En el caso sinaloense, Malova incrementó sus ferreterías y endeudó al estado. ¿De verdad no tiene dinero para pagar su propia seguridad?

Propuesta:

1. Que sólo se asignen escoltas a los ex funcionarios que demuestren que no tienen dinero suficiente para pagar sus propias escoltas.

2. Que los servidores públicos no hayan endeudado al estado.

3. Que no tengan señalamientos sustentados de corrupción.

4. Que no se les asignen más de dos escoltas.

Al final de cuentas, si no cumplen con estos requisitos, ¡que las paguen ellos!