Correr el riesgo de gobernar I Columna La Montaña, de Oscar Loza

Por Oscar Loza

Asuman el miedo. Nosotros lo estamos haciendo.
Manifiesto de periodistas sinaloenses

Hagan su trabajo. Honren la palabra. Corran el riesgo de gobernar. Esas sentencias que rubrican un dramático y contundente documento leído en la calle Riva Palacio, fueron el preludio de la marcha que conmemoró el Día de la Libertad de expresión y una jornada más de protesta por el homicidio de Javier Valdez. El Palacio de Gobierno volvió a cimbrarse con el grito de ¡Javier Valdez… vive!, pero a la distancia de tres semanas las autoridades no han entregado cuentas concretas sobre los responsables de la muerte de Valdez Cárdenas.

Las líneas leídas por Alejandro Sicairos en el homenaje a Javier, son histórias. No fue un llamado como muchos anteriores a reclamar justicia ante un hecho consumado. Cada palabra es un emplazamiento a la autoridad, a la que se exige que ya no sea ciega y sorda, y de la que no se acepta “solidaridad fingida”. Y se emplaza a que se imparta justicia, se respete el derecho a conocer la verdad y la garantía de no repetición de los hechos.

También plantean otras verdades que no dejan de ser una alerta a la sociedad: “hay hechos tan complejos, terribles y lastimosos como la corrupción y el narcotráfico que sin el trabajo profesional del periodista, difícilmente podrían conocerse y evidenciarse.” Y dicen con mucha valentía: “nuestra profesión ofrece riesgos y los aceptamos.” Creo que la sociedad no puede cruzarse de brazos ni guardar silencio. No sólo por los periodistas, sino porque aquí aplica en toda su profundidad la queja de Martín Niemoller: “Primero vinieron por los comunistas…”. Y porque al conculcarse el derecho a la libertad de expresión, se atenta contra el derecho a estar informados. La ofensa es a la sociedad.

Todos tenemos la palabra al respecto. Nuestro entorno es tan difícil que no necesitamos buscar mucho para convencernos que así debe ser. La cuota diaria de personas que pierden la vida de manera violenta, de los desaparecidos y los vecinos que dejan su tierra por la misma causa, son cosa de mucha preocupación. Y entre ellos destacan algunas pérdidas que implican dolor especial como la vida del abogado Miguel Ángel Sánchez Morán y el director del Hospital del ISSSTE Mazatlán, Miguel Ángel  Camacho.

Vaya nuestro reconocimiento para las compañeras de Voces Unidas por la Vida, que luego de realizar la cansada Caravana por la Paz y los Derechos Humanos, desde El Fuerte a la ciudad de Culiacán, reiniciaron la búsqueda de personas en vida y post mortem. Sus logros, unos que alegran como la localización en vida y otros que dan consuelo con el corazón estrujado porque los hallazgos son restos de seres humanos, no han faltado. Esos logros son la contribución para que muchas familias encuentren la paz al tener a sus seres queridos en el lugar que les corresponde, aunque la herida (por los encontrados muertos) difícilmente cicatrice.

Ahora el movimiento se encuentra empeñado en la búsqueda de la pequeña de cinco años que fue privada de su libertad, Dayanara Esmeralda Fierro Zazueta, en la comunidad de San Pedro, Navolato y tiene agendadas búsquedas en fosas clandestinas en tres municipios en los siguientes días. Complicada, a veces triste, pero imprescindible labor la de Voces Unidas por la Vida. Bien merece el apoyo de la ciudadanía.

Todavía más, en un esfuerzo extraordinario se avanza en la elaboración de dos iniciativas de ley importantes: una para actualizar la ley sobre desaparición forzada de personas y otra para crear una Ley de atención a víctimas del delito. En breve visitarán el Congreso del Estado para presentar esas iniciativas, que deberán mejorar los espacios legales en los cuales se lucha para abonar al respeto a los derechos humanos y a una vida pública más civilizada en nuestro estado.

No dejamos de pensar en que la coyuntura que se abrió con la muerte de Javier Valdez y la legítima indignación de muchos ciudadanos, sumando también los afanes que desde el campo de los derechos humanos se hacen, debe empujarnos a promover la iniciativa de crear un Consejo ciudadano, como instancia de la sociedad civil, ante la cual la autoridad de procuración de justicia y la policial rinda cuentas de manera regular y permanente, y desde la cual se generen políticas públicas. Hacerlo daría sentido a la muerte de Javier Valdez. Es importante exigir justicia y castigo a los responsables de su inmolación, pero la verdadera trascendencia está en que la sociedad construya una instancia que le permita dar un paso adelante en construcción de ciudadanía y control de la vida pública. Vale.

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