El gobierno de Guanajuato paga tierras a sobreprecio para Toyota

Miguel Márquez Márquez. Gobernador de Guanajuato. Foto: Gobierno de Guanajuato.

Por Valeria Durán y Raúl Olmos/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

Una empresa intermediaria compró terrenos en menos de 4 pesos el metro cuadrado, que un mes después revendió al Gobierno de Guanajuato en 161 pesos el metro cuadrado.

Esta operación de comprar barato para revender caro lo replicó de distintas maneras la intermediaria en la adquisición de 294 hectáreas, lo que supuso una ganancia millonaria a esa empresa por la venta de unas tierras que luego fueron regaladas por el gobierno del panista Miguel Márquez a la trasnacional Toyota.

Basados en avalúos bancarios obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, entre 2014 y 2015 el gobierno guanajuatense pagó 481 millones de pesos por 31 terrenos que en realidad tenían un valor de 191 millones.

En conjunto, se pagó un sobreprecio de 290 millones de pesos.

En esta transacción participaron personas que se hicieron pasar como campesinos, quienes luego despojaron, en algunos casos incluso con amenazas, a ejidatarios de cientos de hectáreas que serían posteriormente regaladas a Toyota, para que ésta se afinque en una comunidad ubicada en los límites de Guanajuato con Querétaro, donde la empresa automotriz proyecta instalar una planta armadora.

Al menos 17 de los 31 terrenos fueron comprados por la intermediaria y luego revendidos al Gobierno, con sólo un mes de diferencia.

Franco Herrera Sánchez, subsecretario de Atracción de Inversiones del Gobierno de Guanajuato, se negó a hablar del tema, con el argumento de que la compra de terrenos para Toyota todavía no concluía.

Conexión en Monterrey

La intermediaria en la transacción se llama JAOS & SGB SAPI de CV, cuyo dueño casi único (con el 99.99% de las acciones) es el empresario regiomontano José María Garza Treviño, quien en junio de 2014 fue señalado en una investigación de Reporte índigo de despojar a ejidatarios en Quintana Roo.

Garza Treviño es uno de los 100 empresarios más importantes del país, según la lista anual de la revista Expansión, con participación en los ramos de la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda.

JAOS & SGB fue constituida el 13 de junio de 2014 en Monterrey, y a los 25 días sus representantes ya habían concretado la compra de los primeros terrenos, que finalmente acabarían siendo cedidos por el gobierno a la planta armadora de Toyota.

Ex funcionarios panistas

El nombre de la empresa intermediaria coincide con las iniciales de dos exfuncionarios en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa: José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), quienes trabajaron como directivos en la Procuraduría Agraria.

Santiago Germán Bordes cumple en la empresa intermediaria la triple función de consejero, apoderado legal y negociador, mientras que José Antonio Ortega Serrano es su socio, junto con Abraham Cherem, un exfuncionario de la Presidencia de la República en el sexenio de Calderón. Los tres tienen el despacho dedicado a negociar la compra de tierras Law Social and Agro Advisor SC (LASC).

Además de ser parte del Consejo de Administración de JAOS & SGB, Santiago Germán Bordes se ostentaba como campesino.

Con el apoyo del comisariado ejidal de Caleras de Ameche (comunidad donde se instalará la Toyota), el exfuncionario federal se integró como ejidatario y adquirió 12 parcelas, las cuales luego vendió a precios muy bajos a la empresa en la que es consejero.

Lo mismo hizo una persona de nombre Juan José García Henríquez, quien en cinco contratos de compra venta de esas tierras aparece como el campesino vendedor, pese a que en realidad fungía también como apoderado general de la empresa JAOS & SGB.

Al igual que Germán Bordes, García Henríquez pasó de ser hombre de negocios a ejidatario, para concretar la adquisición masiva de las tierras, en algunos casos casi regaladas, y posteriormente revenderlas al Gobierno a precios muy por arriba de lo que les habían costado.

La firma de consultoría agraria creada por los ex funcionarios panistas comparte domicilio en el centro de Coyoacán, con otras empresas que tienen socios e intereses empresariales comunes.  La dirección de Caballo Calco 28 es también es la sede de la notaría 129, a cargo de Ignacio Soto Borja, quien a su vez aportó esa dirección para inscribir la empresa Losrram SA de CV, de la que es director Víctor Manuel Lizárraga Erosa, uno de los socios de JAOS & SGB.

Tantas coincidencias no son casualidad: los socios de LASC, Losrram y JAOS & SGB son amigos y han recurrido a esquemas de negocios casi idénticos, de adquirir en forma masiva terrenos ejidales a precios baratos, para realizar obras o desarrollos inmobiliarios con el apoyo del Gobierno.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una asociación civil sin fines de lucro comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México a través una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país.

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